Retrae más a inversores la presión impositiva
En este artículo que publicamos en el Diario Ámbito Financiero el 25/4/1996, página 11, cuestionamos los vaivenes en materia de política fiscal y el establecimiento de normas que, por aquel momento, entorpecían la inversión extranjera y el flujo de capitales hacia nuestro país.
Dos factores han contribuido a complicar el marco jurídico local para inversores del exterior. Por un lado, el restablecimiento del régimen de nominatividad obligatoria de los títulos valores privados desde fines del año pasado que obliga a identificar no sólo a los titulares de acciones, sino también obligaciones negociables y demás instrumentos de deuda privados. Por otra parte, la reforma impositiva recientemente sancionada duplicó la tasa del impuesto para ciertos casos de titularidad de bienes en el país por parte de sujetos del exterior.
NOMINATIVIDAD
Con un alcance mayor que el régimen anterior, la Ley 24.587 restableció la nominatividad obligatoria de títulos valores privados. Se pretende identificar en esta oportunidad no sólo a los tenedores de acciones, sino también a quienes sean titulares de obligaciones negociables y demás instrumentos de deuda privados. La idea es tener un mejor control sobre el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales por parte de los inversores. No obstante la norma discrimina, dado que no se exige igual requisito de identificación para la colocación de deuda pública. Tampoco deja de generar dudas la eficacia de la nominatividad, por cuanto en definitiva los titulares de inversiones muchas veces son sociedades cuyos accionistas a su vez son otras sociedades y en donde es difícil saber quiénes son los tenedores finales de la inversión. Resultan cuestionables los incesantes vaivenes en la política legislativa. No debe olvidarse que este mismo gobierno propició, en 1989, mediante la sanción de la Ley de Emergencia Económica, la eliminación no sólo de la nominatividad sino también de todo otro escollo que dificultará un fluido ingreso de capitales. Se derogó de este modo la hasta entonces vigente Ley de Inversiones Extranjeras, que implicaba importantes restricciones a la radicación de inversiones en el país. Asimismo, se otorgarán importantes beneficios impositivos en relación con la tenencia y negociación de títulos públicos y privados argentinos por parte de sujetos no residentes. Estas medidas contribuyeron de un modo claro a la recuperación que experimentó nuestra economía en años siguientes. El régimen de acciones al portador y el conjunto de medidas apuntadas contribuyeron a una importante mejora en los niveles de inversión nacional y extranjera.
“Sería importante que el gobierno define de una vez el rumbo que pretende darle a la política fiscal. Caso contrario, el país pierde credibilidad y se deteriora la confianza de los inversores, tanto los externos como los locales”.
Uno de los aspectos controvertidos de la última reforma y que no ha sido objeto de comentarios hasta el momento, tiene que ver con la modificación dispuesta en el Impuesto sobre los Bienes Personales. Se duplicó la tasa del impuesto para titulares del exterior de inmuebles y acciones en el país.
En el caso de inmuebles cuya titularidad corresponda a sociedades del exterior se presume que estos bienes pertenecen a sujetos del país y se hace responsable del impuesto de quienes tengan la posesión o administración de los mismos. En la misma dirección, cuando las inversiones en títulos, acciones, obligaciones negociables, etc., se canalicen a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales, se aplica igual presunción y también en este caso se cobrará la tasa de 1% a la sociedad emisora. La norma es de compleja aplicación y se corre el riesgo de alcanzar casos de genuina inversión extranjera.
No hay que olvidar que muchas veces los capitales deciden canalizar sus inversiones desde los llamados para paraísos fiscales o refugios fiscales –tax havens- simplemente como un modo de ordenamiento impositivo, evitando de este modo la múltiple imposición internacional.
También en este caso la norma discrimina en detrimento del sector privado, debido a que la misma reglamentación aclaró que esta presunción que da lugar al pago del impuesto que no se aplica cuando se trate de colocación de títulos públicos en el exterior.
Sería importante que el gobierno defina de una vez el rumbo que pretende darle a la política fiscal. Caso contrario, el país pierde credibilidad y se deteriora la confianza de los inversores, no sólo externos sino también locales. No debemos olvidar que se estima hay sesenta mil millones de dólares de argentinos en el exterior. No parece que estas normas ayuden a que el país se capitalice y se superen las actuales dificultades.