Controversy over tax on assets
In this article published by Ámbito Financiero Newspaper in 1995, Professor Tisocco criticizes the decision of implementing a tax on personal assets that fails to take into account some key issues to apply tax on assets in a successful manner. Debts should be considered as well as non declared offshore funds owned by Argentineans. Without this consideration this tax becomes a levy on the middle class.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha emitido dictamen sobre el proyecto de modificación del impuesto sobre los bienes personales cuya finalidad radica en ampliar la base del gravamen y reducir su tasa. En síntesis, digamos que la reforma implica modificar el actual impuesto sobre los bienes personales "no incorporados al proceso económico " transformándolo en un impuesto sobre la totalidad de Ios bienes que integran el patrimonio de las personas. Se han introducido modificaciones en el proyecto original que merecen ser analizadas. Los principales ajustes al proyecto tienen que ver con un intento de alcanzar los bienes -inmuebles y colocaciones financieras- que en el país tengan .sociedades de origen extranjero, con el fin de evitar maniobras elusivas del gravamen. A su vez se contempla la situación de aquellos que se han encleudado para adquirir, construir o mejorar sus viviendas –anteriormente sólo se deducían los préstamos hipotecarios-. No obstante los cambios introducidos siguen preocupando los efectos nocivos que habrá de producir el nuevo gravamen.
GENERALIZACIÓN
Digamos En primer lugar que según el PE el objetivo central de la reforma tiene que ver con la estructuración de un impuesto de carácter global sobre el patrimonio de las personas con una tasa proporcional y reducida, que actúe como complemento del Impuesto a las Ganancias. Con esto último se pretende salvaguardar la equidad horizontal del gravamen (a iguales ingresos paga más quien ha acumulado mayor riqueza). Esta generalización se opera mediante la eliminación de la casi totalidad de las exenciones –en particular las que protegían el ahorra del público- y extendiendo el impuesto a las participaciones en el capital de todo tipo de sociedades, empresas o explotaciones.
Sigue siendo criticable que se insista en formas de imposición patrimonial que prescindan del cómputo de las deudas a los efectos de determinar la base de medición. La sola tenencia de bienes no representa un índice válido de capacidad contributiva.
Desde siempre la imposición sobre los patrimonios ha tenido defensores y detractores. Los inconvenientes más serios que presentan este tipo de impuestos tienen que ver con la existencia de innumerable cantidad de activos de fácil ocultación, en particular si se trata de bienes radicados en el exterior.
Su declaración queda totalmente librada a la “buena voluntad” de los contribuyentes. Algo parecido sucede con el intento de alcanzar las participaciones en el capital de sociedades cerradas. En efecto, a partir de la sanción de la Ley 23.697 –Emergencia económica- fueron derogadas las disposiciones que regulaban la nominatividad de los títulos valores privados y consecuentemente la DGI suprimió las normas que obligaban a informar las tenencias accionarias al 31 de diciembre de cada año. Sin estas herramientas se va a tornar sumamente dificultoso para el fisco controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Por otra parte debemos descartar la vuelta a controles del tipo “nominatividad” que atentan contra la fluidez de las inversiones y contrarían el espíritu del actual programa de gobierno. En este sentido apuntan las críticas que parte de la doctrina ha hecho desde siempre a este tipo de impuestos que terminan gravando sólo la propiedad tangible e inocultable: caso inmuebles, automotores y dese ahora los ahorros de los pequeños inversores, dado que los grandes operadores financieros tienen fácil acceso a operar cuentas en el exterior lejos del alcance de la DGI.
Por otra parte, parece un tanto inoportuna la decisión de alcanzar el ahorro luego de las severas consecuencias sufridas a causa de la crisis mexicana. Los efectos de impuesto sobre el ahorro interno serán sumamente nocivos. Las maniobras elusivas continuarán cada vez que se acerque la finalización del ejercicio fiscal (esta era una de las preocupaciones del gobierno) esta vez no mediante el posicionamiento en activos exentos –ya casi no los hay- sino mediante la transferencia de estos fondos al exterior a cuentas no declaradas ante la DGI.
PATRIMONIOS EMPRESARIOS
Uno de los efectos más preocupantes de este nuevo impuesto es la extensión del mismo a los patrimonios de las empresas. Pasan a estar gravadas las participaciones en el capital de todo tipo de sociedades, empresas o explotaciones unipersonales. Esto trae aparejado dos inconvenientes. Por un lado se produce en algunos casis una superposición con el impuesto sobre los activos, todavía vigente para las actividades de comercio y servicios. Por otra parte –y esto sea quizá lo más grave- se vuelve a la tan criticada triple imposición sobre la tiene que durante años debieron soportar los productores agropecuarios. No obstante que el nuevo gravamen presenta una alícuota más reducida (0,50%) y contempla el caso de empresas endeudadas (las participaciones se valían tomando como base los “patrimonios netos”) sus efectos pueden legar a ser más gravosos que el derogado impuesto sobre los activos. En primer lugar porque este último podía ser neutralizado mediante la compensación del Impuesto sobre los activos. En primer lugar porque este último podía ser neutralizado mediante la compensación del Impuesto a las Ganancias del período y a la vez –en aquellos casos en que era efectivamente pagado. Podía ser deducido como gasto en la determinación de ganancias.
Si tomamos por ejemplo el caso del sector frutícola que requiere un importante nivel de capitalización para mejorar su productividad y competir a niveles internacionales podemos advertir los efectos de este nuevo impuesto. Si el capital se origina en un préstamo los efectos nocivos se diluyen, pero se induce al productos a un endeudamiento caso y peligroso para su continuidad empresaria.
Una de las modificaciones introducidas al proyecto agrega una norma sumamente conflictiva y, en algunos casos, de difícil aplicación. Por un lado se intenta gravar los bienes inmuebles ubicados en el país inexplotados o destinados a locación, veraneo, etc., y cuya titularidad corresponda a sociedades de cualquier tipo radicadas en el exterior. En estos casos presumirá “sin admitir prueba en contrario” que los mismos pertenecen a personas radicadas en el país. Es el caso de un sujeto que vive o usufructúa un inmueble perteneciente a una sociedad extranjera. En estos casos la DGI podría obligar al sujeto del país a pagar 0,50% del valor impositivo del bien, en este caso in la previa deducción del mismo no imponible. En igual sentido, pero con una gravedad aún mayor, se establece otra presunción para los casos de inversiones en títulos, bonos, obligaciones, cuya titularidad recaiga en sociedades radicadas en países que no apliquen regímenes de nominatividad de sus títulos valores privados. En estos casos se presumirá sin admitir prueba en contrario que estos bienes pertenecen a sujetos radicados en el país. También en este caso se aplicará a los sujetos del país la tasa de 0,50% como pago único y definitivo. Estas disposiciones se contraponen con otra legislación dictada durante este mismo gobierno que garantiza igualdad de trato al capital nacional y extranjero.